El poder judicial ordena levantar el secreto bancario de Pedro Castillo

Esta medida también incluye a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.

El 15 de noviembre, a través de una resolución suprema, el Poder Judicial dispuso revelar el secreto bancario del ex presidente destituido Pedro Castillo Terrones y sus ex ministros Juan Silva y Geiner Alvarado. Estos individuos están siendo investigados en relación con los casos Puente Tarata y Petroperú, donde se les acusa de presuntos delitos como organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión en perjuicio del Estado durante el gobierno de Castillo Terrones en 2021 y 2022. En la audiencia judicial también se evaluó la revelación de la información bancaria de estos tres implicados.

La audiencia se llevó a cabo de manera privada con la participación de las partes involucradas. Es relevante mencionar que el expresidente Castillo cumple una prisión preventiva de 36 meses en el penal Barbadillo como parte de la investigación. Asimismo, el ex ministro de vivienda Geiner Alvarado está recluido en el penal Miguel Castro Castro por el mismo periodo, mientras que el exministro de transportes, Juan Francisco Silva, se encuentra fugitivo de la justicia, con una orden de captura a nivel nacional e internacional que incluye un medida de prisión preventiva de 36 meses.

Luego de la solicitud aceptada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, se ordenó a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) levantar el secreto bancario y proporcionar la información requerida. Esta medida permitirá a las autoridades judiciales acceder a los estados de cuenta y operaciones financieras realizadas por Castillo, Silva y Alvarado durante su desempeño en funciones públicas.

El levantamiento del secreto bancario se considera un paso relevante en las investigaciones contra Castillo y sus exministros, ya que fomenta la transparencia en la situación patrimonial de los funcionarios públicos. Según expertos, el siguiente paso sería presentar una acusación formal contra los implicados si se confirma la existencia de fondos de origen ilegal utilizados con fines delictivos durante su mandato.

Autor: Francisco Velasquez Kiara